México D.F., A 28 de febrero del 2012.- El senador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a fin de contar con un sistema de preliberación y seguridad en penales del país, que garantice los derechos humanos de los reos y propicie la transparencia en estos centros de reclusión.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República explicó que ante los hechos ocurridos en el penal de Apodaca, Nuevo León, el pasado 19 de febrero, en donde se suscitó una riña entre grupos de la delincuencia organizada, es necesario reformar el sistema penitenciario del país.
Indicó que este hecho evidenció las irregularidades que se presentan en los centros penitenciarios del país, “donde la corrupción de las autoridades han permitido que existan privilegios para algunos y sufrimiento para muchos dando como consecuencia una lucha entre bandas dentro de los mismos centros, ante la indiferencia de las autoridades”.
“Ahora cabría preguntarnos ¿A quiénes protegen los amparos? ¿Por qué si hay sobrepoblación en los penales, no se pone mayor seguridad o se construyen nuevos centros? ¿Cómo es posible que reos de alta peligrosidad se encontraran en un penal de mediana seguridad?”, cuestionó.
El legislador por Michoacán resaltó la necesidad de adecuar la legislación existente en materia de readaptación social, la cual “dista mucho de la vida real, porque en la letra es garantista, incluso protectora de los reos a quienes les otorga un fondo de ahorro y ayuda para mantener a su familia”; pero no es lo que se necesita principalmente.
Destacó que su propuesta plantea que no se concederá libertad preparatoria a los sentenciados por los delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia ni a aquellos sentenciados por las conductas previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Además, la iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Primera; establece que los reos deberán de rendir cuentas ante la autoridad correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública de las percepciones que obtengan por el trabajo que desempeñen.
En cuanto a medidas de vigilancia especial, propone la instalación de cámaras de vigilancia de circuito cerrado en los dormitorios, módulos, locutorios, niveles, secciones y estancias, cuya señal será transmitida de manera conjunta a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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